El derecho de policía, como todas las ramas del derecho, se ha constitucionalizado, su fin lejos de ser la persecución del delito, es el orden público. Por otra parte, la Constitución incorpora los llamados derechos colectivos, cuyo reconocimiento como verdaderos derechos implica la obligación de las autoridades administrativas y de policía en particular, a su protección inmediata, mediante la adopción de acciones afirmativas. Así, la pretensión de este texto es presentar algunos elementos que permitan establecer cómo en un Estado social de derecho, el régimen de policía se constitucionaliza a partir de los derechos colectivos y solo de manera secundaria desde una posición negativa de no intervención frente a los derechos fundamentales individuales.

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales