En los últimos cuatro años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso un cerrojo a las demandas de reconocimiento de derechos sindicales en las fuerzas de seguridad civil. Primero, les negó ese derecho a los policías de la Provincia de Buenos Aires en abril del 2017. Luego, descartó cuatro demandas similares de empleados penitenciarios de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, entre agosto del año 2020 y mayo del año 2021. Así, cientos de reclamos colectivos que se promovieron y promueven desde esas fuerzas quedan en el terreno de la infracción y bajo la amenaza de severas sanciones. Este trabajo propone un análisis tridimensional de una de las últimas decisiones de la Corte, la de los penitenciarios cordobeses. Inicia con un examen jurídico exhaustivo de sus premisas normativas, que deja al desnudo graves yerros interpretativos respecto de normas internacionales de derechos humanos. Luego, brevemente, se examina el contexto de aplicación de la decisión, identificando y problematizando los detalles excluidos en la definición de la premisa fáctica de la Corte. El análisis final es sobre el subtexto de la sentencia y refiere a la semántica de lo no dicho, a aquello que se postula como las premisas implícitas del razonamiento justificatorio. Se analizan esas premisas y se problematiza su imbricación en la política histórica de militarización de las fuerzas de seguridad civil argentinas y sus tensiones con el postulado de democratización de esas fuerzas.

Departamento de Derecho, Universidad de San Andrés