En México, las discusiones sobre el reconocimiento constitucional del derecho humano a un medio ambiente sano han girado principalmente en torno al acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han analizado el contenido y alcance de estos derechos a partir de instrumentos como la Declaración de Río y las Directrices de Bali. En este contexto, la adopción del Acuerdo de Escazú ha reforzado los precedentes de la Suprema Corte y ha dotado de carácter vinculante a varios criterios y estándares en materia de derechos de acceso. Sin embargo, este artículo ilustrará que también es importante considerar que la jurisprudencia de la Suprema Corte, incluso aquella que no se ha desarrollado en casos estrictamente ambientales, puede contribuir al análisis e interpretación de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Escazú. Para tal efecto, este artículo analiza cada uno de los derechos de acceso a partir de varias disposiciones del Acuerdo de Escazú y precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RIDP REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO PÚBLICO - ISSN 2954-3924