The purpose of this article is to examine the conception of the right health expressed in the Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela and its further development through some structures and institutional mechanisms implemented from 1999 until 2013. In order to achieve that objective this work shall proceed along two tracks: the proposals and discussions provoked within of the National Constituent Assembly of 1999 that influenced the crystallization of the constitutional norms that ensuring the right to the health and the mechanisms and institutional structures across which one has come developing the right. The documentary review suggests that even if the constitutional rules postulate a right to the health with a pronounced universalist character; in the facts, on one hand, the structures and institutional mechanisms implemented are not transparent and repeat schemes of the past; and for other one, the increasing deterioration of the conditions of access to services, treatments and medicines illustrate the lack of royal guarantees to make the right effective.El propósito de este artículo es examinar la concepción del derecho a la salud que subyace en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su posterior desarrollo a través de algunas estructuras y mecanismos institucionales puestas en práctica desde 1999 hasta 2013. Para cumplir con ese objetivo este trabajo discurrirá a lo largo de dos cauces: las propuestas y debates suscitados en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 que influyeron en la cristalización de las normas constitucionales que garantizan el derecho a la salud; y los mecanismos y estructuras institucionales a través de los cuales se ha venido desarrollando el derecho. La revisión documental realizada sugiere que aun cuando las normas constitucionales postulan un derecho a la salud con un carácter marcadamente universalista; en los hechos, por una parte, las estructuras y mecanismos institucionales desarrollados son poco transparentes y repiten esquemas pasados; por la otra, el creciente deterioro de las condiciones de acceso a servicios, tratamientos y medicamentos evidencia la ausencia de garantías reales para hacer efectivo el derecho.

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