En Uruguay, el derecho a la seguridad social es un derecho humano fundamental, reconocido ampliamente en la Constitución, en los tratados y demás documentos internacionales ratificados por el país. El sistema cubre los riesgos de invalidez, vejez y supervivencia; accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; enfermedad común; desempleo; maternidad y responsabilidades familiares. Su financiación es costosa y a los tradicionales aportes de los trabajadores y empleadores se suman importantes aportes públicos generados con el IVA y el impuesto a la renta. En relación con la cuestión de género, el sistema no protege adecuadamente a las mujeres y proyecta a la esfera asegurativa las desigualdades subyacentes a la división sexual del trabajo, que persisten en la sociedad uruguaya. Pese a ser uno de los países con más alto número de ratificaciones de Convenios de la OIT en el mundo, Uruguay no ha ratificado el Convenio núm. 102. En la actualidad, el gobierno está considerando su rápida aprobación junto a otros documentos internacionales en la materia.

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