En Argentina, las modificaciones legislativas han ido restringiendo los derechos de las trabajadoras en relación con el periodo de embarazo y la maternidad. Tanto la normativa internacional como los tratados y convenciones con jerarquía constitucional permiten a las trabajadoras, ante esta discordancia entre normas internas e internacionales, acudir a la jurisdicción invocando derechos que las amparan, y eventualmente reclamar al Estado argentino por incumplimiento de obligaciones asumidas frente a la comunidad internacional. Por su parte, el acoso sexual constituye un grave acto de intimidación, coacción y violencia que ignora y desprecia la voluntad de las personas afectadas, por lo que es necesario que se sancione una norma que prevea las formas, posibilidades y ámbitos en los cuales pueda tipificarse el acoso sexual y se establezcan mecanismos tendentes a proteger a las víctimas de estas formas de violencia y discriminación repudiadas por la sociedad.

Instituto de Investigaciones Jurídicas