La configuración organizacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las comisiones estatales en México necesita atender ciertos aspectos para cumplir de forma cabal con su mandato constitucional de proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Dicha configuración requiere en particular tres aspectos: delimitar de forma (más) precisa los límites de la competencia entre estos organismos públicos; delinear (o reformular) la competencia material de las comisiones ante la realidad existente en el seno del Estado mexicano y, por último, asegurar que la actuación de las comisiones ocurra de forma coordinada y sistémica, a fin de que el sistema nacional tenga la capacidad de contar con estadísticas claras sobre los principales desafíos o violaciones a los derechos humanos en toda la extensión territorial del país. De esta manera, el sistema nacional podría coadyuvar de forma eficaz en la formulación de políticas públicas “a la medida” en materia de derechos humanos.

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de Mèxico