The Mexican political transition that began after the federal elections of 1997 did not have a corresponding adjustment of the Constitution of the United States of Mexico, which has led to partial changes to this Supreme Law, in order to regulate relations between the power actors in the political system, including the strained relations between Legislative and Executive and trends promoting the constitutional autonomy of the States versus Federal Power. Therefore, the May 7, 2008, amendments to the Federal Constitution were carry out considering the new political scenario to have the approval of multi-year expenditures for infrastructure investment projects, strengthening of institutional accountability and improving the legal framework for the management of resources public financial.La transición política mexicana iniciada a partir de las elecciones federales de 1997 no contó con un correlativo ajuste total de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que ha acarreado modificaciones parciales a esta ley suprema, a efecto de normar las relaciones entre los actores de poder del sistema político, en particular las tensas relaciones Poder Legislativo-Poder Ejecutivo y las tendencias de hacer efectiva la autonomía constitucional de las entidades federativas frente al poder federal. Por ello —considerando los nuevos escenarios políticos, a fin de contar con la aprobación de las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura, fortalecer el aparato institucional de la rendición de cuentas y mejorar el encuadramiento jurídico de la administración de los recursos económicos públicos—, se llevaron a cabo reformas y adiciones a la Constitución federal, publicadas el 7 de mayo de 2008.

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de Mèxico