La aplicación de la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, que ha sido concebida como la pieza final del rompecabezas que da forma al marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares que habrían incurrido en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra - si bien jurídicamente podría ser usada por las guerrillas-, tiene tres fases o momentos de configuración e implementación. Un primer momento, durante la aprobación de la ley en el Congreso. Un segundo momento, durante el proceso de revisión de constitucionalidad en la Corte Constitucional, y un tercero, de aplicación propiamente dicha, a cargo de la Fiscalía General de la Nación en lo que tiene que ver con investigación y acusación, y de los Tribunales en cuanto a juzgamiento, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, respecto de reparaciones, fase ésta donde aún puede ajustarse más el marco jurídico a los estándares internacionales, especialmente a los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lo cual se precisa de un liderazgo importante de parte del gobierno nacional en cuanto a lograr un equilibrio razonable entre verdad, justicia y reparación en un horizonte sostenible y digno de paz.

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales