La reforma constitucional de 1994 consagró el derecho al debido proceso colectivo. Ello supuso un cambio paradigmático en términos de exigibilidad y justiciabilidad de derechos. Sin embargo, a veinticinco años de su reconocimiento constitucional, no contamos con reglas adecuadas para discutir colectivamente. Consideramos que eso está directamente vinculado con la potencia de los procesos colectivos para poner en crisis un aspecto esencial de la reforma constitucional: el (des)arreglo político-económico propio del pacto liberal-conservador de base.

Departamento de Derecho, Universidad de San Andrés