El alcance de la autonomía de las universidades nacionales varía según el período histórico que se analice, dado que se alternó entre ciclos de mayor y menor injerencia del poder político en el régimen autonómico, durante el siglo pasado. La reforma constitucional de 1994 estableció el doble carácter “autónomo” y “autárquico” de las universidades nacionales. Si bien la jurisprudencia ha admitido que la autonomía queda reservada para las órbitas técnica, científica y político-institucional, al reconocer a las universidades la prerrogativa de dictar sus propias normas fundamentales en ejercicio de una potestad normativa originaria, elegir libremente a sus autoridades, establecer sus planes de estudio, etc.; la autarquía se mantiene en el plano económico-financiero, en la medida en que las universidades nacionales administran y disponen de recursos públicos asignados por el presupuesto nacional. Sin embargo, habida cuenta de que el Congreso de la Nación conserva las facultades para dictar la legislación de organización y de base de la educación, las tensiones con el modelo autonómico de las universidades no han desaparecido, como lo demuestra la reforma a la Ley de Educación Superior sancionada en el año 2015.

Departamento de Derecho, Universidad de San Andrés