Con la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017, se modificó el proceso de expulsión de migrantes en la República Argentina a fin de acelerar la deportación de aquellos extranjeros que hayan infringido la normativa migratoria o estén sometidos a cualquier proceso penal. Más allá de la potestad del Estado de regular y condicionar la admisión de las personas extranjeras, esta debe ser compatible con las obligaciones que se han contraído internacionalmente, especialmente con el principio de debido proceso consagrado en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El objeto de este trabajo es analizar el alcance de esta garantía a los fines de determinar si el procedimiento especial sumarísimo actualmente aplicado es respetuoso o violatorio de esta.  

Departamento de Derecho, Universidad de San Andrés