Se analiza la sentencia que resuelve el proceso de inconstitucionalidad seguido por más del 25% de congresistas de la República contra las disposiciones de la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones (ley 29903) referidas a la licitación de la administración de las cuentas individuales, la centralización de los procesos administrativos, y la creación de la comisión mixta (que incluye la comisión por saldo). Los comentarios se centran en analizar, desde la perspectiva de la libertad de contratación y el derecho a la seguridad social (en particular el derecho a la pensión), un aspecto relevante de la sentencia: la obligación de los nuevos afiliados de permanecer durante dos años en la AFP adjudicataria.

Pontificia Universidad Católica del Perú